Gustavo Vidal, Diario Progresista, 13 febrero 2013
Según evidencia GESTHA (Asociación de Técnicos del Ministerio de
Hacienda) el fraude fiscal en nuestro país se sitúa en torno a los
90.000 millones de euros/año (han vuelto a leer bien, y en esta ocasión
lo reproduciré en letra: noventa mil millones de euros al año).
La cifra se obtiene mediante un sencillo cálculo entre el porcentaje de “presión” fiscal y el PIB.
Pues bien, aproximadamente el 75% de ese de fraude, como sigue informando GESTHA, lo perpetran empresas agrupadas en la CEOE.
La cifra de robo a las arcas públicas es tan mareante
(15.000.000.000.000 de las antiguas pesetas. En letras: quince millones
de millones) que su magnitud, al igual que las distancias del universo,
solo puede entenderse mediante ejemplos. Veamos…
Un fraude equivalente a más de sesenta veces el presupuesto total del Ministerio de Justicia.
El presupuesto total del Ministerio de Justicia se aproxima a los
1.500 millones de euros al año. O, dicho de otro modo, la ratería
empresarial de las arcas públicas equivale a más de sesenta veces el
presupuesto de dicho Ministerio.
En otras palabras, quienes arremeten contra “el inasumible gasto
de funcionarios”, “los privilegios de los empleados públicos” y demás
salmodias del catecismo neocon, son responsables, por activa o pasiva,
de un agujero negro fiscal que nos obliga a emitir deuda pública para
financiar los servicios públicos. Algo que no sería necesario si esos
mismos sujetos cumplieran con sus obligaciones tributarias. Y eso a
pesar de que la normativa tributaria es increíblemente benévola con las
grandes empresas y fortunas, como veremos en breve.
Esa deuda pública, en gran parte consecuencia del fraude de las
grandes empresas, se pagará luego con intereses, lo que nos sitúa ante
el “acoso de los mercados” y obliga a los “dolorosos recortes” y
“ajustes duros pero necesarios” pues “no queda otra” y “es lo que hay”…
¿cabe mayor desvergüenza?
fuente: diario progresista
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Parece ser, Don Gustavo, que su conocimiento de la estirpe que domina este país dista mucho de sus apreciados y profundos conocimientos de las cifras que baraja el Ministerio de Hacienda, según nos presenta en este interesantísimo escrito al respecto, el cual aplaudimos erguidos de nuestro sillón internáutico.
Por esa razón nos gustaría tener el gesto de recordarle, por si hubiera descuidado su memoria, que la nación de España, un compendio de mezclas étnicas con un carácter social más bien inclinado a la sociedad del buscavidas (como nos enseñó el ilustre y venerado Lazarillo de Tormes en su día creando la picaresca), todavía es referida en muchos ámbitos como la "piel de toro". Seguramente, un apelativo generado en sus inicios por la forma geográfica del territorio aunque, más tarde evolucionara por el sentimiento y la voluntad de promocionar una fiesta de la que viven, de forma ampliamente acaudalada, unos miles familias llamadas españolas. Fiestas donde el animal que, pese a vivir con el auténtico placer de un rey hasta el día del llamamiento, según comentan con soberbia y pundonor, continúa muriendo con el sufrimiento de los banderillazos y la crueldad de una estocada para el deleite de la gran masa de aficionados espectadores, la mayoría de ellos siempre nacionales que se agolpan con auténtica devoción en coliseos construidos para honorar la supremacía del hombre sobre la cuadrúpeda bestia ignorante.
Válganos la odiosa comparativa para expresar que el sentido común que todos ahora demandamos no se alcanza mediante prácticas salvajes de reprobación pública en contra de la gestión ilegal de las partes implicadas, sinó con la denuncia consecuente y aplastante ante un juez de esas acciones prohibidas por la ley que uno investiga, descubre y determina en su camino por la visión de la realidad.
El tema a debartir, por tanto, NO es quién defrauda y cuánto, sinó quién es el valiente que los denuncia, cómo lo hace y qué magistrado les va a condenar a una pena ejemplar para que nadie más, llegado el momento de planteárselo, cometa el mismo delito en el futuro.
A pesar de que la denuncia social masificada que practicamos tantos por las redes sociales establezca una directriz necesariamente positiva que empuja hacia la movilización social en contra del abuso de poder, entenderá que son los jueces y los letrados quienes deben hegemonizar sus prácticas profesionales que tanto esfuerzo les ha costado conseguir. Concluyendo así un proceso de denuncia y encarcelamiento, o de pago de deudas e indemnizaciones con el estado (que somos todos) por parte de los delincuentes que tenemos campando como los toros de lidia por las praderas del territorio nacional.
Quizá fuera entonces, cuando ese estado de equilibrio social quimérico se consiga, muchos de los catalanes que anhelamos la independencia catalana de España, por aquello de que es más fácil controlar a siete millones que a cuarenta (más que por cualquier otro predicado historico de connotaciones políticas), desistiremos con fundamento de la práctica de nuestras ideas separatistas con el pueblo que germinó a nuestras familias a lo largo y ancho de toda la extensión de la piel de toro nacional.
Tenga en cuenta que un servidor, así en caliente.., quizás sería capaz de cortarles las manos a todos estos malhechores despiadados, algo que seguramente no fuera del todo justo debido a mi escasa sensibilidad para advertir la justicia en los casos que tanto oprimen mi propia existencia..
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