REFORMA DE ESTADO y DEL PODER JUDICIAL: aquí no se salva ni el apuntador..

El H.E Dr. Jenaro Rosemary Shepherd (enlace y fotografía no contrastados con el referenciado) es un serio opinionista lector del Diario Progresista digital, ayer nos aportó un interesante comentario a tenor del artículo titulado "De Guindos no dará la cara en el juzgado y declarará por escrito", texto publicado en relación con la investigación sobre el caso de Bankia.  Transcribimos a continuación sus palabras que demandan un profunda reforma del sistema judicial y del estado español:

 

NECESIDAD DE REFORMA DEL ESTADO Y REFORMA JUDICIAL COMO FUENTE DE RIQUEZA DE LA CLASE POLÍTICA EN ESPAÑA.

Como fuente financiera de la empresa privada y como amparo económico de los partidos políticos corruptos.  Sus líderes de partidos políticos, de la empresarial, las cúpulas militares y religiosas (opus dei) y sus entornos, tienen al Estado como su mejor e inmediata fuente de vida fácil, de enriquecimiento y/o beneficio personal y familiar.  Las arcas del estado siempre han sido adecuadas como un modus vivendi de las clases política y económica dominantes y tradicionalmente representativas, con signos parasitarios. Sostenidos con los privilegios e inmunidades (impunidad) que les permiten el beneficio constante a través del poder.

CON RESPECTO A LA REFORMA JUDICIAL

España sufre de una profunda crisis de valores que afecta gravemente a gran parte de nuestras instituciones, imposibilitando la ejecución de sus fundamentales finalidades.

Inmerso en esta crisis se encuentra el Poder Judicial, cuyos escándalos acaecidos últimamente y que son de conocimiento público, ha puesto en evidencia patética su realidad caótica. Lograr un Poder Judicial autónomo y jueces independientes no es un componente más de un proceso de reestructuración judicial, sino que es el objetivo central.

El grave problema alcanza al Ministerio Publico y a las instituciones vinculadas al sistema de justicia como el Consejo del Poder Judicial, los que en la década del 60 no sólo fueron interferidos, sino usados como elemento de persecución política, con el agravante de que se implementó una "reforma judicial" que fue instrumento de dicha persecución y corruptela impune.

Tan nociva como la corrupción en la administración de justicia resulta su extrema lentitud, los que ponen es cuestión la estabilidad y seguridad jurídica.

En clara preocupación de tan insoportable realidad, la Corte Suprema de declaró en proceso de reestructuración, tratando de acometerla mediante una Comisión integrada únicamente por jueces, excluyendo a la sociedad civil organizada y otros importantes estamentos públicos, cuya presencia es ineludible para asegurar un final exitoso, pues, toda reforma es reforma en la medida en que exprese un paso a algo mejor y no una reestructuración dentro de sus actuales parámetros que ha resultado una frustración.  

El tiempo transcurrido con esta medida, de únicamente "reestructurarse" a sí mismos, la corrupción, incluso la podredumbre parecen no haber cambiado, sin que ello signifique desconocer la trascendental labor emprendida por dichas Comisiones, cuyas valiosas conclusiones deben efectivizarse para revertir tal realidad. Sin embargo, emprender una reforma judicial, supone la intervención de todos los componentes que operan en ella, en tanto que el Poder Judicial es un ente que interesa y pertenece a toda la sociedad, el problema de la administración de justicia afecta a ella y al desarrollo social y económico del país.

El departamento de Control de la Magistratura, integrada por los mismos jueces, se encuentra debilitada tanto por su estructura como por las normas de control obsoletos con las que cuenta.

La modalidad de selección de los jueces y su capacitación implementados por el Consejo General del Poder Judicial y la función académica de la Magistratura, sucesivamente, no han tenido resultados positivos que contribuyan a un sistema de administración de justicia, oportuna y que otorgue seguridad jurídica.
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Se declare al Sistema de la Administración de Justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura, etc.) en REFORMA INTEGRAL.

Para hacer efectiva dicha propuesta, es necesario se nombre una COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, integrada por los representantes del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Ministerio Público, de las facultades de Derecho más antiguas del país tanto de los sectores público y privado, de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados, del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Defensoría del Pueblo, de la Academia de la Magistratura y de los ex presidentes del y representantes del pueblos el parlamento de la nación..

Distinguir que el Poder Judicial tiene dos componentes: el jurisdiccional y el administrativo. El primero debe mantener celosamente la absoluta autonomía en su función jurisdiccional, y el segundo, mantener autonomía administrativa en sus decisiones, integrada por profesionales del Derecho, representantes de los operadores de la administración de justicia y de la sociedad civil, sin función jurisdiccional, únicamente administrativa, podríamos realizar, ejemplos diferenciadores de eficacia, judicial y política en otros países con grandes democracias y de antigüedad de las mismas, que son comparando, como el color blanco y el negro, en función del tema tratado, que hoy es fundamental, tratar, pues la independencia del poder político y el judicial, y la no intromisión de la política y terrenos no competenciales, es muy mal consejero, para caminar por una democracia, joven, y que se ve atacada como el país ( España) más corrupto de Europa.

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Un criterio compartido que determina la impostergable necesidad de una verdadera restauración desde la raíz, y con esforzada profundidad, para transformar por completo el sistema de mando totalmente prostituido del país europeo que más lo requiere, nuestro vanagloriado territorio pandereta.  

A tenor de todos los acontecimientos que estamos viendo hoy publicados y relacionados con las ya múltiples apropiaciones indebidas de caudales públicos, nos liamos todos la manta a la cabeza para ahundar más en la queja generalizada y colectiva sobre el mal uso de nuestro capital estatal.  Las tasas de hacienda son reclamadas de forma certera por imposición gubernamental, se cargan sobre la sociedad asalariada mediante unos mecanismos de control eficientes desde las propias empresas sin dar cabida al error.  Tampoco, desde el poder, no dudan en implementar y mejorar el atuendo, agresividad y armamento antidisturbio, así como en la forma de cobrarse ese exceso recrecido de la tributación individual pertinente a los tiempos de crisis.  Utilizándose siempre, para todos los conceptos, ese capital regogido que supuestamente debería estar empleado para el control de las vicisitudes que la vida colectiva nos pueda poducir y no, por el contrario, para imposibilitar cualquier atisbo de sublevación popular contra la injusticia provocado por el egoismo e interés de los controladores, los que se encarteran unas cifras astronómicas de esos dineros del estado.

La idea que este destacado caballero, de apellidos anglosajones, pasa por alto en su interesante y certera apreciación es que "en el país de los ciegos, el tuerto es el amo"..  El sentido común en España no se puede atender como una quimera sinó una como una utopía absoluta, estamos ante la paradoja de una sociedad denostada que no se rebela por sus podridos principios eticomorales, los que son obvios y fundamentales.  Quizá el Sr. Rosemary pasó por alto que nuestro país contiene más ladrones por metro cuadrado que hormigas, quizá la creciente ondanada de críticas internáuticas  publicadas vayan encaminadas hacia la razón de la envidia y no hacia la crítica consumada con un fondo ético y social.   

Quien discrepe del tema, que cuestione a cualquier empresario, directivo o autónomo por el valor, criterio y rigor de sus contribuciones a las aportaciones obligatorias con la hacienda pública, y de cómo eluden en "b", en "negro" o como quieran llamarlo, los impuestos para engrosar sus propias carteras con dinero que nos pertenece a todos.  

Obviamente debemos mencionar que las cantidades de sus desfalcos nada tienen que ver porcentualmente con otras extremadamente superiores, como las maniobras legalizadas de abrigo  a la estafa contributiva de las SICAVs, fundaciones, SOCIMIs, etc..  Llamadas a la legalidad por los propios estamentos del gobierno y del poder judicial (donde encontraremos siempre a los políticos, economistas, abogados, gestores y jueces, además de los múltiples oportunistas amiguetes sin cerebro que se tasan de asesores de gobierno).  El desfalco total de dinero público juega el papel más importante dentro de la cancha del intercambio de patadas para esquivar al adversario, para así marcar el gol por toda la escuadra y jubilarse con los patrimonios más cercanos a la insensibilidad y el materialismo infecto de nuestros días, mientras los imbéciles aficionados nos quedamos distraidos observando cómo lo hacen, qué bien se lo pasan dándole patadas al balón de nuestra perdición..  

El creciente concepto de la demagogia individual sobre la desfachatez colectiva hace frente a la corrupcción sistémica de nuestra nación, aunque está extendiéndose de una manera alarmante.  No obstante pocos aprecian el hecho de que estamos ante una sociedad que ama el buen sol y unas cervecitas en la terracita de moda, bien seamos oriundos de la tierra o simplemente alienígenas de otras galaxias.

En el país de pandereta no se salva ni el apuntador..