Obra del artista ruso Dimitri Tsykalov
Sírvanos como catálogo de los casos más significativos de corrupcción en nuestro país, el artículo del diario ABC publicado el pasado 21 de enero, transcrito en su totalidad por mera cortesía no sin advertir que el contenido pueda ser enfocado de una cierta manera partidista, la que generalmente se puede observar en dicho periódico. Escrito por Mercedes Benítez, Àlex Gubern, Elena Pérez, Esperanza Codina, Maribel Núñez y Nieves Colli, se tituló "El diccionario de la corrupción en España":
Félix Millet. Presidente Palau de la Música
El expolio del Palau de la Música a cargo de Fèlix Millet y Jordi Montull ha
degenerado en el caso de corrupción y de financiación irregular de un
partido más grave registrado nunca en Cataluña. El beneficiario es
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que pudo recibir parte de
los más de 30 millones que se habrían vaciado de una de las
instituciones culturales catalanas con mayor tradición. Mediante
empresas interpuestas y la Fundación Trias Fargas, CDC se habría
embolsado hasta seis millones, dinero que empresas constructoras
abonaban a través de la institución musical para pagar comisiones por
obras públicas, como la Línea 9 del Metro o la Ciudad de la Justicia.
Por este motivo, el juez instructor
imputó a un extesorero de CDC y declaró a CDC responsable a título
lucrativo, por lo que le exigió una fianza de 3,2 millones: el partido
de Artur Mas la
cubrió, en parte, con las escrituras del edificio sede del partido,
ahora embargado. Una de las derivadas del caso, la del «Hotel Palau»
(por la que está imputada la cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de
Barcelona), está pendiente de que se señale fecha para el juicio oral.
La instrucción de la pieza principal (expolio más financiación de CDC)
está a punto de concluir.
Francisco Correa. Cerebro de la red Gürtel
Más de sesenta personas están imputadas en el caso Gürtel,
un escándalo de corrupción política que ha salpicado al Partido Popular
en tres comunidades autónomas: Madrid, Valencia y Castilla y León, y que
se ha llevado por delante al juez que lo destapó, Baltasar Garzón,
condenado por prevaricación. El presunto cerebro de la red es Francisco
Correa, un empresario que pagó comisiones a cargos públicos a cambio de
contratos para sus sociedades.
La investigación ha pasado por distintos tribunales:
comenzó en la Audiencia Nacional, pasó después al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid por la implicación de diputados regionales; se
fragmentó y una parte fue al Tribunal Supremo por las sospechas sobre el
exsenador Luis Bárcenas y el exdiputado Jesús Merino y,
finalmente, ha vuelto a la Audiencia Nacional. Otra pieza se remitió a
la Comunidad Valenciana, dando origen a otros dos procedimientos: el
llamado caso de los trajes, que afectó a Francisco Camps y al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; y una investigación, aún en curso, sobre presunta financiación irregular del partido.
La causa matriz, en manos del juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz, está hoy pendiente de nuevas averiguaciones bancarias en
EE.UU.
Francisco Rodríguez. Exalcalde de Orense. Caso Pokémon
Más de una treintena de imputados suma ya el caso Pokémon,
que se instruye en Lugo y amenaza con alargarse en el tiempo. Desde que
arrancó la investigación de la trama, dedicada a otorgar contratos
públicos a cambio de sobornos, por el despacho de la juez Pilar de Lara han
pasado políticos de las tres fuerzas tradicionales en Galicia (PP, PSOE
y BNG), empresarios (están implicadas medio centenar de sociedades) y
agentes de la Policía local de Orense. Hasta cuatro alcaldes figuran en
la causa, que está declarada secreta. El último ha sido el alcalde de
Santiago Ángel Currás (PP). Antes pasaron por el juzgado el exregidor de Orense Francisco Rodríguez (PSdeG); el exalcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP); y el alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco.
Las primeras pesquisas llevaron a la detención de directivos del grupo Vendex, cuyo propietario es Gervasio Rolando; Javier Reguera, responsable del sistema de la ORA en Lugo, y Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y considerado como uno de los principales cabecillas.
Iñaki Urdangarín. Duque de Palma. Caso Nóos
El 22 de julio de 2010 el juez José Castro
desgajó del caso Palma Arena una pieza separada (era la vigesimoquinta)
para investigar los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la
Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo, organismos
públicos dependientes del Gobierno balear, y el Instituto Nóos,
presidido en esas fechas por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín. Castro
requirió al Instituto Noos que acreditara «haber rendido cuentas de la
inversión de los fondos (públicos) recibidos para la ejecución de los
referidos convenios y, en caso positivo, que aporte las correspondientes
justificaciones».
Los principales imputados en este procedimiento son
Urdangarín, a quien el juez atribuye delito fiscal, fraude,
prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, y
su exsocio Diego Torres.
Según los datos que obran en la causa, el Duque de Palma y Torres
percibieron 5,8 millones de euros del Instituto Nóos, cantidad que
coincide con la que cobraron a los gobiernos valenciano (3.519.533,90
euros) y balear (2.285.000 euros) por organizar eventos. En su
declaración ante el juez, en febrero de 2012, Urdangarín reivindicó su
inocencia y admitió que, aunque en 2006 Su Majestad el Rey le había
ordenado abandonar Noos, en 2008 volvió a hacer negocios. La instrucción
sigue abierta y de hecho deberá declarar de nuevo ante el magistrado.
Jaume Matas. Expresidente de Baleares. Caso Palma Arena
Jaume Matas, presidente de Baleares en dos legislaturas y exministro de Medio Ambiente del PP, está imputado o implicado en una veintena del total de 25 piezas del caso Palma Arena.
Ya ha sido condenado a seis años de prisión en una de ellas, en
concreto por favorecer a un periodista que escribía sus discursos y
después los ensalzaba en un periódico de tirada nacional. En la
actualidad, está pendiente de juicio con jurado en otra causa.
A Matas, en libertad bajo fianza de 2,5 millones de euros,
se le atribuyen los delitos de falsedad documental, fraude a la
administración, malversación de caudales públicos, prevaricación,
cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, apropiación
indebida, delito fiscal y delito electoral. El procedimiento matriz es
el llamado caso Palma Arena, que arranca en 2008 a raíz de una denuncia
anónima presentada ante la Fiscalía Anticorrupción sobre el supuesto
enriquecimiento ilícito de Matas y el cobro de comisiones legales. Un
año después, el juez José Castro empezó
a investigar el sobrecoste del velódromo Palma Arena. El escándalo
estalló definitivamnete con la detención de cargos de segundo nivel del
Gobierno balear y desde entonces no ha hecho sino implicar a más altos
cargos de esa administración.
José Antonio Griñán. Presidente de la Junta. Caso de los ERE
El mayor escándalo de corrupción andaluz saltó a la luz
cuando ABC publicaba en marzo de 2009 la petición de los directivos de
Mercasevilla del pago de una comisión a los dueños de un restaurante a
cambio de la escuela de hostelería. Una grabación evidenciaba cómo Fernando Mellet y Daniel Ponce aseguraban
que «la Junta de Andalucía colabora con quien colabora». El caso subía
de tono y la Fiscalía tomaba cartas en el asunto mientras el PP
presentaba una querella que caía en manos de una juez hasta entonces
desconocida, Mercedes Alaya.
Así iban saliendo tramas: adjudicación irregular de suelo;
delito societario y los ERE fraudulentos, destapado cuando el exdirector
de Trabajo, Francisco Javier Guerrero,
admitía la existencia de un «fondo de reptiles» para empresas en crisis
y que se incluyeron intrusos (que no trabajaban) en los expedientes.
Luego llegaba la escandalosa declaración del chófer, que dijo que parte
del dinero lo gastaban en «coca, fiestas y copas». Ambos eran enviados a
prisión, igual que el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Los
directivos de Mercasevilla y el exdelegado de la Junta fueron condenados
en octubre, mientras en los ERE hay ya 60 imputados, entre ellos siete
ex altos cargos de la Junta, abogados, empresarios y testaferros. El
presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, es el máximo
responsable político.
José Blanco. Exministro de Fomento. Caso Campeón
José Blanco y José López Orozco,
extitular de Fomento y alcalde de Lugo, respectivamente, ponen rostro a
la operación Campeón, que entra en este 2013 en su segundo año de
instrucción con una pieza separada en el Tribunal Supremo para el
exministro, sobre el que se ciñe la sospecha de haber dispensado un
trato de favor a empresarios a cambio de dinero, que supuestamente
recibía en metálico y en billetes de 500 euros.
La trama estaba destinada a captar subvenciones públicas para empresas que encuentran nexo común en el empresario Jorge Dorribo,
dueño de los laboratorios Nupel, cuyas declaraciones salpicaron a la
política gallega y nacional. Pasó dos años y medio en prisión por un
presunto fraude de cuatro millones gestionados a través del Igape (dos
altos cargos fueron arrestados) hasta que en 2011 fue puesto en libertad
tras un testimonio voluntario ante la juez del caso, Estela San José,
que abría la caja de pandora. En total, 15 implicados por blanqueo,
evasión fiscal, alzamiento de bienes y falsedad en un sumario
interminable despiezado en varias causas en las que también están
imputados el diputado del PP Pablo Cobián y el exconsejero del BNG
Fernando Blanco.
Josep A. Duran. Presidente de UDC. Caso Pallerols
El caso Pallerols alude al desvío de subvenciones para
cursos de formación para la financiación irregular de Unió Democràtica
(UDC) y representa un caso único en la historia de la corrupción en
España, al ser la primera ocasión en que un partido admite haberse
financiado de manera irregular. Tras un periplo judicial que se ha
prolongado casi quince años, el escándalo llegó finalmente a juicio el
pasado 7 de enero, aunque la vista no se celebró porque las partes
llegaron a un acuerdo de conformidad. Los imputados: el propio Pallerols
y su mujer, así como altos cargos del partido que preside Josep Duran
(citado como testigo) asumieron su culpabilidad.
En esencia, la trama consistía en la adjudicación de cursos
por parte de la consejería de Trabajo, controlada por UDC, a las
academias del empresario andorrano Pallerols. De los 220 cursos
investigados por la Guardia Civil, más de 160 eran irregulares: o no se
celebraron, o su precio estaba hinchado. La Generalitat pagó por ellos
más de ocho millones de euros, financiados con fondos de la UE, de los
cuales un 10% retornaba a UDC o a los implicados. Unió Democràtica,
declarada responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo,
ha acabado pagando una indemnización de 388.483 euros.
Julián Muñoz. Exalcalde de Marbella. Caso Malaya
El caso Malaya desenredó en 2006 la trama corrupta creada
alrededor del Ayuntamiento de Marbella durante los últimos años de
gobierno del GIL. Fue pionero en la detención de concejales de una gran
ciudad y los hechos fueron de tal enjundia que derivaron en la
disolución de la corporación municipal. Sobornos, contratos amañados,
blanqueo de capitales, contabilidades en B… Y todo esto manejado,
supuestamente, por Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo, hombre de confianza de Jesús Gil y
poseedor de una fortuna millonaria que habría amasado de forma ilegal.
Según Anticorrupción, una «organización» con el único fin de
enriquecerse con dinero público. Junto con Roca han sido juzgados una
veintena de exconcejales (incluidos los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe),
empresarios, testaferros, joyeros y marchantes de arte. Durante el
juicio, el fiscal pidió en total cerca de 490 años de cárcel y unos
3.800 millones de euros en multas. Malaya está pendiente de sentencia,
que se espera para este verano.
Luis Bárcenas. Extesorero y exsenador del PP. Caso Bárcenas
Luis Bárcenas, que durante veinte años manejó, primero como
gerente y después como tesorero, las cuentas del Partido Popular, es
uno de los imputados en el caso Gürtel. La investigación destapó una
trama de corrupción política en la que, a cambio de suculentas
comisiones, los cargos públicos implicados favorecieron a la red de
empresas vinculadas a Francisco Correa con
la adjudicación de eventos. Las ramificaciones de este entramado se
extendieron a Valencia y provocaron la dimisión del presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, aunque éste resultó finalmente absuelto de cohecho por recibir unos trajes como regalo.
El escándalo político ha golpeado de lleno al PP al
publicarse que en la etapa de Bárcenas como tesorero era práctica
habitual el pago de sobresueldos de entre 5.000 y 15.000 euros a la
dirección del partido. Anticorrupción ha avanzado que, de momento, no
investigará este hecho.
Tras un periplo judicial que le llevó de la inicial
imputación en el caso Gürtel al sobreseimiento por falta de pruebas,
Bárcenas ha vuelto a ver su nombre entre los implicados en la trama. El
juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz volvió a imputarle. La reciente
llegada de documentación reclamada a Suiza ha puesto contra las cuerdas
al exsenador: Bárcenas disponía en el Dresdner Bank de Ginebra de una
cuenta en la que acumuló 22 millones de euros.
Manuel Bustos. Alcalde de Sabadell. Caso Mercurio
Después del caso Pretoria (que afecta a cargos del PSC como
el exalcalde de Santa Coloma y a figuras clave de los gobiernos de
Jordi Pujol), el caso Mercurio vuelve a golpear al socialismo catalán.
En este caso, el implicado de mayor rango es el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, aunque a quien se considera clave en la trama es al ex edil del Partido Popular, Jordi Soriano.
En la trama, en la que están imputados empresarios de la comarca,
aparece también de manera destacada el tío de Bustos, el constructor
Melquiades Navarro. De manera colateral se investiga también al
secretario de organización del PSC, Daniel Fernández,
por tráfico de influencias. Siguiendo un esquema de corrupción clásica,
los constructores abonaban sobre un 3 por ciento del valor de la obra a
cambio de la adjudicación. En dos años, el exedil Soriano se habría
embolsado casi un millón de euros en comisiones. La instrucción prosigue
tras dos años de investigación, y el pasado viernes el juez levantó el
secreto sobre parte del sumario. Bustos, que proclama su inocencia, ha
pedido volver a declarar.
Oriol Pujol. Secretario general de CDC. Caso ITV
El caso de las ITV surge como una derivada del caso Campeón y
alude a la supuesta trama compuesta por empresarios y cargos de la
Generalitat para modificar los pliegos de los concursos y adjudicar así
las estaciones para la inspección técnica de vehículos, entre otros
negocios. El principal implicado es el secretario general de
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol,
que está siendo investigado al ser, según un informe de Vigilancia
Aduanera, «colaborador necesario» en la red. En las grabaciones
practicadas, los imputados aluden a Pujol como el «Zumosol».
A tenor de las evidencias que surgen de la instrucción, la
Fiscalía Anticorrupción estudia pedir la imputación de Pujol, lo que se
da por hecho, en lo que sería el fin de la carrera política de quien en
su momento se dijo que estaba llamado a suceder a Artur Mas.
Entre los socios de Pujol que ya están imputados se cuentan los empresarios Sergi Alsina (dueño de la consultora Alta Partners, donde trabaja la esposa de Oriol), y Sergi Pastor.
Los «Sergis» y Oriol son amigos, compañeros de estudios, y comparten
localidad de segunda residencia. Además de los citados, están implicados
el que fuera número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, y un subdirector general de Industria, Isidre Masellas. El caso está en fase de instrucción en el juzgado.
Rodrigo Rato. Expresidente de Bankia. Caso Bankia
El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, declaró en diciembre ante la Audiencia Nacional, junto a otros 32 imputados entre los que figuran el exministro Ángel Acebes y el expresidente de la Comunidad Valenciana, José Luis Olivas.
A todos ellos, así como a Bankia y BFA como personas jurídicas, se les
imputan de forma indiciaria y genérica los delitos de falsificación de
cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de
las cosas y apropiación indebida, todos los que mencionaba en su
querella UPyD.
Otro de los casos de presunta comisión de delito en el
sector bancario es el del Banco de Valencia. El Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) denunció a los anteriores
gestores de esta entidad en junio ante la Audiencia Nacional por la
sospecha de que hubieran cometido delitos societarios y de falsedad
mercantil. Además, está el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo,
en el que hay cinco exdirectivos imputados por presuntas irregularidades
en la gestión.
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Jueces y Generales del Poder Judicial y Militar de esta pantomima de país:
¿¡piensan ustedes levantarse de sus acolchados sillones y activar, de una vez por todas, el mecanismo que acabe con tanta podredumbre política y social..!?
Ese impulso que generó todo el empeño necesario para consolidar sus laboriosas e inaccesibles carreras profesionales no puede llegar a ser sometido por la calma que constituye la seguridad económica de la que gozan, algunos de ustedes, a cambio del transtorno absoluto de la verdad.
Su capacidad de amparo en el profundo conocimiento del Sistema Judicial y del Poder Militar, los que por obligación deben proteger a una nación de los ataques ilegales, les determina como los más apropiados para desarrollar un movimiento que nos permtita dar un paso adelante y nos haga despertar a todos de la modorra, insensibilidad y parálisis colectiva que sufrimos ante la esperpéntica realidad de una sociedad que está gangrenando todas sus posibilidades de realcanzar el anhelado bien común. Una forma de vida por la que todos, supuestamente, nos hemos esforzado a perseguir durante dedicadas y largas décadas en el pasado.
Muchos otros obstinados profesionales, con carreras acordes a las suyas aunque con ejercicio en ámbitos muy diferentes y sin el fácil y directo acceso a las infraestructuras que Uds. utilizan, les hacemos un llamamiento o, mejor, una súplica para que desencadenen el inicio de la reconducción de este puñado de seres mezquinos e insolidarios que se están repartiendo a puñados avariciosos y descontrolados, un pastel que se ha cocinado en el horno de la estupidez nacional, el que se instaló en la cocina del opresivo control del neoliberalismo mundial.
Por esta razón, les llamamos a sublevar ese carácter conformista, de algunos de ustedes, que está permitiendo la total destrucción de una sociedad que pronto no requerirá de sus servicios de protección, pues la situación de su total sometimiento acabará con cualquier esperanza de cambio o sublevación.
Desde este modesto remanso de crítica y opinión, aplaudimos la labor modélica a este respecto de ciertos miembros del cuerpo judicial y militar, ambos expulsados por su voluntad de arremeter en contra de la mentira y de la injusticia: el ilustre Juez Baltasar Garzón y el valiente Coronel Amadeo Martínez Inglés. Por mucho que digan que están actuando por despecho y que anteriormente lo hicieron mal, ahora están actuando con el sentido común que todos deberíamos estar demostrando ante una situación de claro abuso, ilegalidad e injusticia social.
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